Desempleo. Muchas personas han perdido su empleo por culpa de la pandemia, en particular en los hogares pobres, y no pueden seguir pagando su casa. En América Latina, con o sin coronavirus, el endeudamiento por culpa del alojamiento es muy elevado. El esquema ha sido ahorro-bono-crédito. Las personas no serán sujeto de crédito en condiciones de desempleo, ya que no tienen estabilidad laboral y capacidad de pago. El esfuerzo para el sector público debe duplicarse en aumento del subsidio, y en respaldo de garantías.
De otro lado, las viviendas en asentamientos populares, algunas no cuentan con agua potable permanente, mucho menos alcantarillado, la ventilación es inadecuada, y su desarrollo la hace excluida de las troncales de transporte, en muchos caso carecen de electricidad o acceso a Internet; un cóctel de carencias que puede causar problemas laborales y de salud durante periodos extendidos de confinamiento. “Las ciudades han sido el epicentro de esta pandemia y la vivienda ha sido la primera línea de defensa y protección, lo cual arroja luz sobre una problemática pendiente de solución desde hace décadas”, subraya Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La pandemia ha vuelto a poner bajo el foco un problema de sobra conocido: el diminuto tamaño de las viviendas sociales, y la carencia de servicios y salubridad en sus barrios. El hacinamiento crítico la cantidad de metros cuadrados de la vivienda y el tamaño de las familias contribuyen a la expansión de la pandemia. En Chile las viviendas sociales destinadas a familias llegaron a medir apenas 36 metros cuadrados y en casos extremos no más de 27. Hoy, la ley chilena establece el estándar mínimo en 55.
De otro lado, bajo el esquema de ahorro-crédito-subsidio, descansa en el empleo formal básicamente. El salario mínimo en América Latina aumenta desde 2000, según Antonio Prado, antiguo Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero sigue sin ser muy idóneo: entre unos 200 y 400 euros mensuales en función del país, en enero del 2020. Con la crisis, la región se hunde en un contexto de retroceso: la pandemia hará regresar la renta por habitante a niveles de 2009. Sometida a esta fragilidad económica, ¿cómo puede una familia acceder a una vivienda social?
Una cuestión muy importante para la jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID son “los efectos perversos del hacinamiento estructural”, que en condiciones de confinamiento obligatorio no solo intensifica las probabilidades de contagio dentro de la familia, pero también puede incrementar la violencia. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) estima que un cuarto de la población urbana mundial vive todavía en barrios marginales y el mismo porcentaje se aplica a América Latina.
El tejido vecinal, la comunidad, y el apoyo público son fundamentales. Las administraciones locales a través del ordenamiento territorial y las políticas urbanas pueden apalancar el empleo, y el emprendimiento. Sin descontar alianzas publico privadas, o público-comunitarias para el mejoramiento de vivienda, y el mejoramiento integral de barrios. Desarrollo de infraestructuras de incorporación a la ciudad de los asentamientos periféricos, que deben incluir el acortamiento y cierre de la brecha digital los que deben ser un propósito de la política de TIC´s y de innovación.
El desafío es grande, ya que la financiación clásica de la vivienda, bajo la misma matriz de riesgo financiero, 
bloquea el acceso a la vivienda, y la calidad en metros debe aumentar sin que eso sea una nueva talanquera en costos. Una alternativa es el desarrollo de los municipios satelitales con relación a núcleos que permite acceder a nuevos suelos a costos distintos, pero el objetivo de calidad no es posible, si no se acompaña de políticas de conectividad vial y tecnológica, que permitan la habitabilidad con calidad en municipios pequeños y aledaños.