REVOCATORIA DE ALCALDES Y PANDEMIA.
Sin turismo masivo, sin restaurantes a full capacidad, y sin bares. La situación económica de los territorios y ciudades y familias se le suma la presión política contra las medidas de restricción que golpean directamente las actividades económicas de ocio, recreación y en cadena al comercio en general.
Según estudios de Fedesarrollo, “Las medidas de confinamiento para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus le significarían al país la pérdida de 146.000 empleos y un costo económico de entre 8,3 y 12,5 billones de pesos, equivalentes al 0,8% y 1,2% del PIB”. Concentrados en los sectores comercio, industria y actividades inmobiliarias.
El comportamiento de contagios y las características heterogéneas al interior del país hacen que el impacto de los mecanismos de control implementados tenga efectos diversos, pero en suma económicamente negativos. Al respecto, el estudio a señaló que Bogotá́, Antioquia y Valle del Cauca tendrían una participación en la reducción de la actividad económica nacional del 48,8%, 15,9% y 11%, respectivamente, equivalentes a 4,1, 1,3 y 0,9 billones de pesos en el escenario bajo.
Bogotá, Medellín, Cúcuta y Cartagena. Donde gobiernan fuerzas alternativas se ven envueltas en procesos de revocatoria del mandato, que se han fundamentado, en candidaturas derrotadas en el sistema electoral y democrático, los desaciertos comunicacionales de los alcaldes, y las coyunturas de la emergencia sanitaria. Que sumado a la situación económica se convierten en la tormenta perfecta para gobernantes, y en caballo de batalla para sus opositores.
El problema que se presenta está inmerso en el aprovechamiento de situaciones que nada tiene que ver con los requisitos de revocatoria. Ya que esta se fundamenta constitucional y legalmente en el incumplimiento del plan local de desarrollo, que está basado en el programa de gobierno presentado para la candidatura a elección del cargo. La norma sobre revocatoria se basa entonces en el incumplimiento del plan de desarrollo.
Los planes de desarrollo local fueron aprobados en el primer semestre del año 2020, en medio de la crisis sanitaria, que ha devenido en una fuerte crisis económica. Lo que no libra a los alcaldes de sus desaciertos como en el caso del Alcalde de Medellín Daniel Quintero, quien anunció un “toque de queda” vía twitter el mismo día de su implementación y a escasas horas de ejecutarlo. Levantando una ola de indignación entre la población general de la ciudad, y los alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad de coordinación de los municipios conurbados de la región.
Los bloqueos han generado protestas hasta en Estados como Holanda, la insatisfacción general va frente a las medidas de mitigación de los impactos económicos que reducen el consumo básico de los hogares, la sustitución de fuentes de ingreso, el aislamiento escolar de niños; y la incapacidad para desarrollar actividades de ocio, recreación, cultura e integración social.
En síntesis, la sociedad está cansada, y los gobiernos locales. Bien gracias.